Según los últimos números oficiales, casi un tercio de los más de 10.740.000 de asalariados no recibe aportes jubilatorios ni cargas sociales, un porcentaje que representa una mejoría considerable desde la crisis terminal de la convertibilidad, pero que en los últimos años se redujo a cuentagotas. Para paliar ese déficit y tal como lo anticipó la presidenta Cristina Fernández, el Ministerio de Trabajo convocará la semana próxima a la Comisión de Empleo que conforman empresarios y trabajadores para discutir un conjunto de cinco iniciativas, entre las que sobresale la creación de un registro de empleadores, una suerte de Veraz destinado a disuadir a quienes contratan empleo informal.
Según el documento al cual accedió Tiempo Argentino, la propuesta de la cartera laboral que conduce Carlos Tomada estipula aumentar “la sanción para quienes reiteren la contratación de empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral”. La creación del registro fue bien recibida en las filas sindicales. Pedro Wasejko, secretario adjunto de la CTA que conduce Hugo Yasky, consideró que “tener un Veraz de las empresas que incumplen es algo positivo, porque se va a saber qué empresarios están en regla y quiénes no”. El líder de los trabajadores de la industria del neumático agregó que “el asunto acá es que, muchas veces, las empresas incumplen y son las primeras que después le van a pedir ayuda al Estado; por eso, estamos dispuestos a debatir medidas, pero sabiendo quiénes están en regla”. Consultado si este tipo de medidas se toman en otros países del mundo, Wasiejko aseguró que, “por ejemplo, en Alemania, toda empresa que no hace los aportes a la seguridad social, no recibe un peso del Estado”. Desde el sector empresario, por el contrario, cuestionaron la medida (ver nota aparte).
La Comisión de Empleo es una de los cuatro ámbitos de diálogo tripartito que funciona en el marco del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que desde hace una década sesiona al menos una vez por año, pero sólo para consensuar la elevación del umbral salarial.
Además del registro, la cartera laboral buscará diseñar una nueva “Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral” enfocada en la evasión laboral en actividades donde la fiscalización se torna compleja con las herramientas habituales, con especial énfasis en las subcontrataciones fraudulentas.
El proyecto también busca encarar medidas especialmente diseñadas para dos de los sectores con altísimo nivel de informalidad laboral, esto es, la actividad rural y el trabajo doméstico. Entre esas medidas se cuenta la simplificación registral, nuevas modalidades de inspección y la utilización de herramientas tales como la cantidad de trabajadores mínimos presuntos. Esas iniciativas se suman a la legislación implementada durante los últimos años para mejorar las condiciones en esos ámbitos, particularmente a partir de la sanción del nuevo Estatuto del Peón Rural en 2011 y del “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” aprobado en marzo pasado. Se trata de dos de los colectivos laborales más sensibles a la explotación y precariedad, a los cuales también va dirigida la penalización del trabajo infantil impulsada por el oficialismo y sancionada recientemente por el Congreso.
El plan del Ministerio de Trabajo impulsa también un mayor poder de fiscalización a lo largo del territorio nacional, para lo cual se estipula contar con un nivel superior de competencias y nuevas herramientas legales para “potenciar la capacidad de control del fraude laboral en todo el país”. La idea es reforzar el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) lanzado a comienzos de la gestión kirchnerista y que, según la cartera laboral, contribuyó a reducir el empleo no registrado desde los 50 puntos que alcanzaba en 2003 al 32 por ciento actual.
El último punto destinado a combatir la informalidad en el vínculo laboral hace hincapié en una serie de incentivos dirigidos a pequeños y microempresarios. “La lucha contra el trabajo no registrado es una combinación de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos pequeños y microempleadores que usan la no registración para mantener unidades productivas precarias en lo laboral y económico”, precisaron el documento.
UIA acepta, pero con condiciones
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de COPAL, se mostró en contra de una solución única, y aclaró que “los punitivos funcionan sólo si están articulados con incentivos eficientes”. Agregó que “hay que discutir la informalidad, pero las sanciones tienen que ir acompañadas por un sistema de ventanilla única para todos, que agilice los trámites; y por una reducción de la presión fiscal”. El empresario, representante del sector corporativo en la Comisión de Empleo en el Ministerio de Trabajo, explicó que “hay formas más amigables de reducir la informalidad, como se ha hecho, por ejemplo, en Colombia y Perú”. Funes destacó que “la informalidad en Argentina es una de las más bajas de la región, pero no me conforma”.
Peones migrantes
Organismos de distintas áreas del gobierno nacional analizaron un plan de abordaje integral a las problemáticas de los peones migrantes durante la Tercera Reunión Interministerial para la Promoción de Derechos de los Trabajadores Agrarios. “Se torna imprescindible diseñar acciones para intervenir de manera efectiva en las complejas problemáticas observadas cotidianamente, como la explotación laboral, la trata de personas y la vulneración de los derechos que contempla la Ley 26.727 (Régimen de Trabajo Agrario)”, sostuvo el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), que organizó el encuentro.
Durante la jornada se decidió mantener la mesa de trabajo de funcionarios en forma estable, y trasladarla también a las representaciones locales que tienen los organismos participantes en cada territorio.
El encuentro determinó además avanzar en la registración en origen del trabajador migrante, y se programó como primera actividad una Jornada de Registración en Santiago del Estero.
Las cinco iniciativas
-Creación de un registro: el “Veraz” incluirá a todas las empresas que han constatado a trabajadores sin registrarlos.
-Provincias: el gobierno nacional colaborará con las provincias que carezcan de estructura para realizar los controles laborales.
-Incentivos: se busca generar incentivos a las pequeñas y micro empresas que hasta ahora han sostenido su ciclo de negocios sobre la base del empleo no registrado de parte o la totalidad de su personal.
-Investigaciones: se creará un equipo especial que investigará el fraude laboral en todo el país, formado por expertos de distintas disciplinas.
-Sectores críticos: el gobierno nacional establecerá los mecanismos para intervenir en forma activa sobre los sectores más críticos por la amplitud del trabajo no registrado, como son el servicio doméstico y la actividad rural.
FUENTE: Tiempo Argentino
