“El 7 de diciembre deberán cumplir todos con la cláusula de desinversión” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, afirmó el jueves la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto del plazo que puso la Corte Suprema de Justicia a la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín sobre el artículo 161 de esa norma. Durante un acto de entrega de viviendas, la mandataria explicó que, aunque el beneficio judicial sólo alcanzaba a ese caso concreto, se resolvió interrumpir la ejecución de esa cláusula para todos porque de lo contrario se habría “acentuado más ese monopolio”.
De todas formas dejó caer críticas a la Justicia por la demora que tomó llegar hasta este punto y mandó un mensaje por elevación: “Es hora de vivir en la Argentina en la que todos tengamos que cumplir las leyes”. También criticó las prácticas económicas especulativas, refiriéndose tanto a los sectores rurales que mañana entrarán nuevamente en paro en protesta a la reforma inmobiliaria bonaerense como a quienes sacan beneficios en el mercado paralelo de divisas.
“Se habla de inseguridad jurídica y qué mejor seguridad jurídica que cumplir las leyes, ¿no?”, advirtió con ironía la mandataria, antes del tirón de orejas que le dedicó a la Justicia por el timing con el que se trató el problema: “A mi gusto, se tardó un poco demasiado, tres años para una medida cautelar que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, me parece que es mucho. Finalmente llegó y esperamos que todos cumplan, para poder ejercer el derecho sobre todos –sostuvo CFK–. No podemos quedar sujetos al pasado ni al capricho de grupos económicos que por fuerte presión que hacen sobre medios, sobre jueces, y demás, obtienen beneficios que son privilegios. No quiero vivir en una sociedad de privilegiados a fuerza de presión mediática”, remató. “A veces parece que la Justicia no tuviera los ojos cerrados o por lo menos se lo corre un poquitito y mira de qué se trata.”
Fernández de Kirchner además respondió a las críticas que señalaban que el proceso de desinversión, frenado por la Justicia sólo para el caso de Clarín, no se aplicó tampoco en otros casos. “El 7 de diciembre deberán cumplir todos, todos, la cláusula de desinversión de una ley que fue votada por amplia mayoría”, anunció. “Esperamos que todos cumplan para poder ejercer el derecho, porque si no se cometía una doble injusticia –explicó–. Si hubiéramos hecho eso no hubiéramos hecho más que acentuar todavía más ese monopolio, porque en definitiva hubiéramos obligado a los que por allí tenían 1, 2 o 3 licencias por afuera y los que tenían un bibliorato”, y destacó “la diferencia abismal que existe entre grupos aun cuando todavía tienen 2 o 3 frecuencias más de las que podrían tener, con lo que realmente tiene el monopolio que es prácticamente un bibliorato en letras allí chiquititas de licencias, canal por canal, provincia por provincia, localidad por localidad.”
San Luis quiere su propia Ley
La Corte Suprema ordenó a la provincia de San Luis que “se abstenga” de aplicar una ley provincial de regulación de servicios audiovisuales y de “concretar cualquier otro acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella”.
El máximo tribunal adoptó esa resolución al aceptar una medida cautelar pedida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), para que se declare la inconstitucionalidad de la ley provincial I-0735, dictada por la legislatura puntana en el año 2010, y que estableció la potestad provincial en materia de regulaciones audiovisuales.
La Corte anticipó que también intervendrá en una demanda promovida por el gobierno puntano en contra del gobierno nacional, en la que se cuestiona la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El tribunal resolvió admitir su “competencia originaria” en sendas demandas cruzadas, una del Estado nacional contra el puntano y otra de éste contra el Estado nacional, en torno al otorgamiento de licencias de TV abierta, radio y televisión por cable. Y aceptó la legitimación de la provincia para cuestionar la constitucionalidad de la ley de medios, porque es titular de la emisora LV 90 TV Canal 13.
La medida cautelar de la Corte con la que ordenó a la provincia que no altere concesiones o licencias audiovisuales “se basó en precedentes dictados por la Corte en materias relacionadas con la interjurisdiccionalidad de las ondas de radiodifusión” y tuvo en cuenta “que resulta necesario mantener el estado de cosas existente con anterioridad a la sanción de la ley provincial”. En la presentación, la Afsca se quejó de que “la provincia pretendería arrogarse jurisdicción sobre todas las materias relativas a los servicios de radiodifusión, televisión abierta y por cable que se prestan dentro de sus límites”.
Esa pretensión, dice la demanda del Estado nacional, “implicaría una intromisión del gobierno local en el ámbito de competencia de la autoridad federal”.
Fuente: Página 12
