La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó ayer a una audiencia pública para profundizar el análisis de la Ley de Medios antes de emitir un fallo que avale o declare inconstitucional los artículos que todavía permanecen suspendidos.
Será el 28 de agosto, en los salones del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia del Estado Nacional y del Grupo Clarín, pero también de organizaciones intermedias que, sin tener parte directa en el expediente, podrán argumentar a favor de una y otra postura.
Si bien sorpresiva, la decisión de llamar a la audiencia pública parece precipitar los tiempos para un fallo definitivo de la Corte. Una vez zanjada esa instancia, el máximo tribunal deberá dar a conocer su decisión. En casos anteriores, el tiempo que medió entre la audiencia y el fallo final fue relativamente corto, y se midió en semanas o pocos meses. Toda la expectativa está centrada en si habrá decisión antes de las elecciones generales de medio término de octubre próximo.
La iniciativa fue adoptada, según el documento de la convocatoria, “ante la trascendencia de las cuestiones planteadas en estas actuaciones para ser decididas por esta Corte”. Los jueces del tribunal consideraron “apropiado habilitar los instrumentos especialmente previstos para permitir la participaci6n ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer la difusión pública del modo en que el Tribunal conoce en los asuntos de esta relevancia”.
Los siete jueces de la Corte Suprema coincidieron en el acuerdo de ayer en la convocatoria, que registra antecedentes sólo en casos de altísimo interés institucional y fuerte controversia. Lo hizo para tratar planteos de pueblos originarios por los derechos ancestrales sobre sus tierras, para resolver las obligaciones de los gobiernos ante los reclamos ciudadanos por el derecho a una vivienda digna, o las objeciones de organizaciones ambientalistas contra la explotación minera a cielo abierto.
Pero el caso emblemático de una audiencia pública previo a una decisión trascendente fue el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que precedió al denominado “Fallo Mendoza”, en el que el alto tribunal dispuso la limpieza del cauce hídrico y la erradicación de los asentamientos en sus márgenes.
La audiencia pública por la Ley de Medios tendrá al Grupo Clarín (que unificará a todas sus empresas) y al Estado Nacional (que abarcará a la Jefatura de Gabinete y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) como actores principales.
Pero además la Corte abrió ayer un registro para que se presenten amicus curiae, organizaciones intermedias que tengan argumentos, a favor y en contra, sobre los artículos cuestionados. Serán diez en total, cinco por cada lado, y dispondrán cada una de 15 minutos para exponer sobre aspectos específicos de los puntos de la norma que siguen bajo controversia: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV de pago y, sobre todo, la cláusula de desinversión que permanece todavía frenada para el Grupo Clarín. Habrá una limitación: “No podrán ser miembros de los Poderes del Estado Nacional, de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, los partidos políticos, sus candidatos en el proceso eleccionario en curso y los apoderados partidarios”.
La cláusula de la Corte parece apuntada a despolitizar una cuestión que, de uno y otro lado, tiene un fuerte, inevitable e indisimulable contenido político. Cada amicus podrá agrupar a todas las organizaciones que coincidan con sus argumentos y tendrán también la posibilidad de repartirse los temas según sus especialidades. También está abierto el juego para organizaciones que, sin estar con una u otra postura, quieran aportar sus puntos de vista.
Cuando terminen sus exposiciones, en una suerte de espadeo preliminar, tendrá lugar la pelea de fondo entre el conglomerado empresario y el Estado Nacional. En ese momento, cada uno dispondrá de media hora para sostener sus razones y, luego, habrá 15 minutos para presentar las réplicas.
Los jueces de la Corte tiene preparada una batería de preguntas, sobre todo vinculadas con cuestiones técnicas que, según reconocen por lo bajo, no terminan de comprender. Por eso convocaron también a los peritos que intervinieron en las distintas etapas del expediente, para que sean ellos quienes evacuen esas dudas. “Deberán comparecer a la audiencia los peritos designados de oficio, a fin de dar las explicaciones que el Tribunal considere convenientes”, resume la resolución.
Las organizaciones no gubernamentales que ya se habían presentado en calidad de amicus curiae en el expediente, entre los cuales el más saliente es el CELS , deberán reinscribirse hasta el 26 de agosto, respetando una serie de procedimientos.
La Corte Suprema ya cuenta con opiniones a tomar en cuenta, entre ellas, un dictamen favorable a la constitucionalidad completa emitido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien recomendó al máximo tribunal que revoque el fallo del 17 de abril pasado emitido por la Cámara Civil y Comercial Federal. No obstante, Gils Carbó no tomará parte en la audiencia pública.
Fuente: Tiempo Argentino
