Por Florencia Espejo.- (*)
Este año, la disputa por preservar el poder adquisitivo de los trabajadores ha sido una de las más importantes que ha llevado adelante el gobierno nacional. Evitar y mediar para que la puja distributiva entre precios y salarios no se resuelva a favor de los empresarios, depende de la intervención activa del Estado. Pero cabe analizar cómo se resuelve esta puja en otros países del mundo, y a su vez cómo se ha resuelto en otros momentos de nuestra historia.
El mes de septiembre, el Consejo del SMVM local se reunió para otorgar un nuevo incremento del salario mínimo. Esta circunstancia marco los 10 años de funcionamiento continuado del Consejo y elevó el piso salarial a $ 4716. Con ella sumó 24 modificaciones, ubicándolo, en términos comparativos, como el más alto de la región; pero también posicionándolo como el que más actualizaciones ha tenido. Sin embargo, el progresivo aumento del salario mínimo sí es una práctica que caracteriza -al menos durante la última década- a los gobiernos de la región. Pese a esto, no existe aún un consenso unilateral sobre la importancia de este mecanismo de protección al asalariado y sobre su impacto e influencia en la dinámica del mercado laboral.
Aún existen – y en determinadas coyunturas toman mayor fuerza- ciertas tendencias liberales que analizan el mercado laboral desde la óptica empresarial, por tanto cada aumento es buen argumento para alegar la existencia de presión tributaria o una excesiva regulación estatal que pone en riesgo la rentabilidad y por ende la inversión. Desde esta postura vinculan la creación de empleo con una reducción en los costes salariales de los empresarios, de manera tal que la imposición de un piso salarial, en estos términos, jugaría en contra y sería un potencial destructor de lugares de trabajo, incrementando en forma desmedida los costos.
Esta visión orientó prácticas recesivas para la actividad, terminó generando un importante crecimiento de las tasas de desempleo y a la vez un aumento del empleo informal; la evidencia empírica y la historia demuestran que la destrucción de puestos de empleo no va de la mano de la excesiva regulación estatal, sino todo lo contrario. Si bien esto ha quedado altamente comprobado -basta revisar los años en los que la participación de los asalariados fue más alta, 1955 y 1974, nadie podría decir que en esos procesos faltaba intervención estatal- los voceros del “clima de negocios” siempre abogan por retornar a las políticas regresivas en términos de empleo y salario, para de esta manera aumentar su proporción de la apropiación del excedente.
Para esto, si no basta el empresariado local en cada país, existen mecanismos a escala global. En ese sentido, podemos tomar como exponente el último informe del FMI sobre la economía de la eurozona. Esta institución, cuando presta dinero, firma además convenios de cooperación, que incluye en el artículo IV que los países endeudados se someterán a evaluaciones periódicas de los principales indicadores macroeconómicos, para luego, y en caso de desajustes, acatar las recomendaciones del organismo.
En el informe, el FMI sostiene que España debe profundizar -aun más- las reformas laborales iniciadas en el 2012 y hace hincapié en la relación entre Salario Mínimo y los altos niveles de desempleo que existen entre los jóvenes; al respecto, proponen que se deben “reconsiderar” las políticas de salario mínimo, reducir la presión fiscal al empleo o reformar los subsidios de desempleo. Para los especialistas reducir la presión fiscal y reducir el salario mínimo jugaría un papel central en la dinámica del mercado laboral; el análisis, a la inversa de lo que podría considerarse, parte de considerar que los sectores más jóvenes, al ser contratados con un salario mínimo, son los más propensos a las reducciones de costos en el mercado laboral.
En concreto sostienen que un punto porcentual de la presión fiscal aumenta el desempleo juvenil entre 0,3 y 1,3 puntos porcentuales y que salarios mínimos más elevados elevan el paro entre los jóvenes entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales. Actualmente el salario mínimo en España se ubica en los 752 euros por mes, por encima del de Portugal pero por debajo de los países bajos y Francia.
Estados Unidos no se quedó al margen del debate por el Salario Mínimo; el país tiene un piso salarial central pero cada Estado fija el propio; a pesar de esto, el salario mínimo no se toca desde hace siete años y pese a los intentos, el Presidente Obama ha tenido una gran resistencia desde el Congreso, específicamente de parte de los representantes republicanos, los cuales consideran que un aumento del salario mínimo afectaría a la clase media aumentando las tasas de desempleo. Una encuesta de 2013 del Proyecto Nacional sobre Leyes Laborales (NELP), realizada entre 567 trabajadores, determinó que el 74% ganaba menos de US$10 la hora (la encuesta incluyo a casi una decena de empleados latinos de los edificios más emblemáticos de Washington).
El debate en Estados Unidos se da en el medio del coletazo de una profunda crisis económica que afectó a las capas medias y bajas en una sociedad fuertemente liberalizada (donde la educación superior, la salud y la seguridad social son privadas), con políticas sociales focalizadas y residuales y una bajísima movilidad social. Pero, por otra parte, con una masa migratoria hispano hablante muy fuerte que ocupa lugares en el mercado laboral poco redituables y “dignos” para la media norteamericana y que se encuentra sobre los márgenes de la segmentación social.
(*) Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)
Fuente: Ámbito Financiero
