El Gobierno tomó el control de una caja clave del sindicalismo. Es la APE, que administra los fondos para tratamientos de salud de alta complejidad. Ahora queda en manos de una ultracristinista.
La Presidenta supervisará en forma directa el sistema de salud sindical. Esa es la lectura unánime que se hacía en los despachos oficiales y gremiales de los tres decretos firmados por Cristina Kirchner y publicados ayer en el Boletín Oficial.
El 1.198 resolvió que la Administración de Programas Especiales (APE) sea absorbida por la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud y mediante el 1.196 y el 1.197 se aceptó la renuncia de una docena de gerentes de la Superintendencia y se nombró a sus reemplazantes.
Se trata de un paso más en la modificación de la estructura organizativa que administra y controla desde el Estado los fondos de las obras sociales sindicales, un área en la que supo ser amo y señor Hugo Moyano en los tiempos de su alianza estratégica con el gobierno y que la Presidenta se encargó de ir desmontando a medida que esa relación se fue resquebrajando hasta su ruptura definitiva.
Como organismo descentralizado y autárquico del Ministerio de Salud, la APE era la encargada de reintegrar a las obras sociales el dinero por los tratamientos de alta complejidad. Durante años, mientras crecía el poder de Moyano, hombres de confianza del camionero como Juan Rinaldi, Hugo Sola y Daniel Colombo Russell manejaron la APE.
Ese privilegio generaba las quejas de los sindicatos enfrentados a Moyano que veían cómo los expedientes que presentaban para recibir reembolsos eran demorados.
Pero más grave que eso fue el hallazgo de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña de lo que ocurría en la APE: obras sociales que presentaban carpetas con troqueles de remedios y documentación falsificada y recibían reembolsos por tratamientos que jamás se habían realizado. Fue el origen de la investigación de la mafia de los medicamentos.
A principio de 2011, el ministro de Salud, Juan Manzur, logró al fin colocar un nombre suyo, Manuel Alves, al frente de la APE. Pero Moyano mantuvo su influencia en las segundas líneas del organismo y a través del Superintendente, Ricardo Bellagio, también ligado al líder gremial de Obras Sanitarias, José Luís Lingeri.
Este año, la Presidenta decidió avanzar a fondo y tomar el control personal de todo el área. En marzo, transfirió la APE a la égida de la Superintendencia. A comienzo de este mes, removió a Bellagio y colocó al frente de la “Súper” a la ex diputada Beatriz Liliana Korenfeld, una pingüina histórica que ocupó distintos cargos en los gobiernos de Néstor Kirchner en Santa Cruz.
Ahora, “a los efectos de asegurar un contexto de mayor control” (según reza el decreto 1198), la APE deja de tener autonomía y pasa a formar parte de la “estructura organizativa” de la Súper. Desaparecieron los últimos directores que reportaban a Moyano y se quedaron con todas las gerencias y subgerencias kirchneristas puros como el ex médico presidencial Donato Spaccavento.
Aunque el rumor circulaba hace semanas, Cristina no habló de esto con los dirigentes de la CGT con los que se reunió el lunes en la Casa Rosada. Uno de ellos, especulaba anoche ante Clarín: “Ahora será ella la que decidirá qué expedientes van más rápido y cuáles más lento”.
Por el manejo de un fondo multimillonario
La APE era un organismo descentralizado. Y manejaba un presupuesto anual de más de 1.100 millones de pesos.
Hasta ayer la APE (Administración de Programas Especiales) era un organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Salud, con personería jurídica propia y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera. Por el decreto conocido ayer, la APE queda absorbida dentro de la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud que maneja Liliana Korenfeld.
La APE un organismo salpi- cado de denuncias por desvíos de fondos y pago de medicamentos truchos tiene asignado para este año un Presupuesto de $ 1.138 millones. El objetivo de tamaño presupuesto es cubrir los gastos de patologías y tratamientos de alta complejidad y largo tratamiento de los beneficiarios de las obras sociales, de manera de repartir la carga a la manera de un seguro en todo el sistema. Pero se dice que a la hora de pasar la facturas por los gastos incurridos, algunas entidades abultaron los números y presentaron documentación apócrifa.
Ese dinero de la APE proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se integra con una parte de los aportes y contribuciones de trabajadores y empresarias a las obras sociales. EL FGS, que administra la Secretaria de Hacienda, recauda unos $ 7.000 millones anuales. Y también es una fuente de controversias y reclamos.
Es que el objetivo del FSR es asegurar que todas las obras sociales reciban un ingreso mínimo por afiliado de manera de beneficiar a las entidades que tienen trabajadores con menores salarios o cuentan con una proporción mayor de monotributistas o empleadas domésticas.
Ese ingreso mínimo se distribuye en forma automática. Y si queda un remanente, la ley de obras sociales marca que debe ser distribuido entre todas las entidades según varios parámetros, como la cantidad de afiliados o porcentaje de recaudación que tiene cada una en el padrón total.
En los últimos años, el Gobierno no estuvo distribuyendo los saldos del FSR por lo que tiene retenidos unos $ 12.000 millones que están depositados en una cuenta del Banco Nación.
Por esa razón desde la CGT fueron reclamando esos fondos y hasta se acusó al Gobierno de financiarse “a costa de la salud de los trabajadores”.
Luego de un acuerdo con Hugo Moyano, en enero de 2011 el Gobierno hizo efectivo un pago de $ 250 millones, luego de prometer que cancelaría un total de $ 1.000 millones.
La devolución de este dinero de las obras sociales es un reclamo común de toda la dirigencia sindical. Y por eso el lunes, en la Casa de Gobierno, la dirigencia afín al Gobierno volvió a la carga con ese reclamo.
Pero los que concurrieron a la Rosada salieron casi convencidos que por el abultado déficit fiscal del Tesoro Nacional, en el mejor de los casos les pueden dar algo y a cuenta gotas, “como para ir tirando”.
El manejo de los fondos de la APE
Varias causas abiertas en la justicia por irregularidades
Una de ellas investiga a la Presidenta y otros funcionarios del Gobierno. Hay procesados en otro expediente.
En la Justicia federal hay varios expedientes en los que se investiga posibles irregularidades con el manejo de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE). El menos conocido de todos esos casos está en manos del juez Ariel Lijo y allí se investiga si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros altos funcionarios cometieron irregularidades con los fondos de la APE que fue disuelta por el Gobierno Nacional.
La causa está caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico” y lleva el número 3010/12 en el juzgado federal de Lijo.
Fuentes vinculadas a la causa in- formaron que “hasta ahora el juez libró dos oficios: uno al Banco Nación para que informe cuánta plata de las obras sociales en la APE tiene depositada y otro a la propia APE para que declare cuánto dinero les reintegró a aquellas”.
En otro expediente el juez Lijo procesó a directivos de la Obras Social del Ministerio de Economía por haber cobrado reintegros de la Administración por tratamientos no realizados. El juez Norberto Oyarbide procesó al bancario Juan José Zanola por el mismo mecanismo de cobrar reintegros de la APE por tratamiento inexistentes.
Claudio Bonadio tiene bajo investigación a la obra social de Camioneros el sindicato de Hugo Moyano por usar troqueles falsos para cobrar reintegros de un remedio para el cáncer.
Varios ex directivos de la ahora desaparecida APE fueron procesa- dos en las causas judiciales donde hubo complicidad por parte de los sindicatos, las droguerías y los funcionarios para que se cobrara por tratamiento no brindados.
Fuente: clarín.com
