Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. El anuncio fue en el marco de una reunión en la que estuvieron varios dirigentes gremiales, entre ellos el Secretario General del SATSAID, Horacio Arreceygor.
El texto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
Una vez incorporadas a esa “lista negra”, las firmas deberán pagar la multa correspondiente y durante tres meses no podrán ser contratistas del Estado, perderán todo tipo de subsidio y tendrán prohibido acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas. La Presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento.
Luego de inaugurar en la Casa Rosada el Salón de los Pueblos Originarios, que reemplazó al salón denominado Cristóbal Colón, Cristina Fernández de Kirchner comunicó el envío del proyecto para combatir el trabajo no registrado y lo fundamentó diciendo que la precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo.
La mandataria sostuvo que desde que el kirchnerismo accedió al poder, en mayo de 2003, se crearon más de 6 millones de puestos de trabajo, lo que permitió reducir la desocupación al 6,8 por ciento. A su vez, afirmó que en el mismo período la tasa de empleo no registrado disminuyó del 49,6 al 33,5 por ciento, aunque reconoció que el nivel actual todavía afecta las condiciones de inclusión y equidad social. Por eso se decidió enviar al Congreso un proyecto que busca desincentivar la contratación informal de trabajadores. La iniciativa mantiene los lineamientos del Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado, diseñado por el Ministerio de Trabajo, que encabeza Carlos Tomada.
Regímenes de promoción
En lo que refiere a la promoción del trabajo registrado, las acciones incluidas en la ley prevén para el primer año un desembolso de 4150 millones de pesos que beneficiará a los empleadores, siendo el 65 por ciento de ese monto destinado a las microempresas. El proyecto contempla dos regímenes.
En primer lugar, se propone crear un Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para microempleadores que sean sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de hecho o personas de existencia visible. En este grupo, se incluye a las firmas que en la actualidad tengan hasta cinco empleados, las cuales pasarán a pagar sólo el 50 por ciento de la contribución patronal establecida en el régimen general para sus trabajadores en relación de dependencia. En el proyecto se aclara que también habrá un límite de facturación para ingresar a este régimen, que se establecerá al momento de la reglamentación, aunque fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron a Página/12 que ese tope podría estar en torno de 1,8 millón de pesos por año. A su vez, el número de trabajadores podrá llegar a siete cuando el empleador incremente el plantel que tenía al momento de su inclusión en el régimen, aunque a partir del trabajador número seis, inclusive, deberá ingresar la contribución prevista en el régimen general.
En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, el descuento en la contribución patronal será sólo del 25 por ciento. Además, en el artículo 21 del proyecto se aclara que los empleadores que despidan personal quedarán excluidos de este régimen por un plazo de 12 meses, contado a partir del último despido. Otro punto clave de este régimen es que las empresas serán beneficiadas con un techo en el precio de la cuota que les pagan a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, el cual surgirá al momento de la reglamentación.
El proyecto también contempla cambios en el régimen destinado a promocionar la contratación de trabajo registrado por un plazo de 24 meses. El objetivo oficial es que sirva para otorgarles mayores incentivos a las pequeñas empresas. Hasta ahora, cualquier tipo de firma podía obtener una reducción del 50 por ciento en los aportes patronales durante el primer año y un 25 por ciento durante el segundo, independientemente de la cantidad de empleados que tuviese. Si se aprueba la nueva ley, habrá incentivos diferentes de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tenga la empresa:
• Si tiene hasta 15 empleados, no pagará aportes durante el primer año y abonará sólo un 25 por ciento durante los segundos doce meses.
• Si tiene entre 16 y 80 empleados, pagará sólo el 50 por ciento de las contribuciones durante los dos años que dura el beneficio.
• Si tiene más de 80 trabajadores, pagará el 75 por ciento de la contribución patronal durante dos años.
Con estos cambios, el incentivo para las pequeñas empresas crece y para las grandes disminuye. En el Ministerio de Trabajo destacan también que las modificaciones están orientados a preservar y generar empleo.
Fiscalización y control
El proyecto establece que el Ministerio de Trabajo podrá fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales en todo el país. De este modo, el Estado nacional recupera facultades que había delegado a las provincias. Este punto es clave porque por lo general los gobernadores suelen ser flexibles al momento de fiscalizar, porque tienen vínculos con las patronales o porque buscan evitar que las empresas se muden a otras provincias donde las controlan aún menos.
Entre las actividades de control también se prevé la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, con el objeto de investigar y evaluar situaciones de empleo en negro en sectores complejos de fiscalizar.
Otro punto central es la apertura de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Las empresas que violen la legislación laboral serán incluidas en esta lista, que será de carácter público, y permanecerán en ella hasta tres meses después de haber regularizado su situación. Esa situación les impedirá acceder a subsidios, créditos de bancos públicos e incluso ser contratistas del Estado. Si la empresa reincide y es incluida en el Repsal por segunda vez, a las sanciones previstas se le sumará la imposibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.
Fuente: Página 12
