Comunicadores de la Argentina (COMUNA), celebra el quinto aniversario de la aprobación de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, una conquista clave para que el país pudiera encaminarse hacia la democracia real en la generación y circulación de la información.
La lucha de miles de personas desde los primeros tiempos de la recuperación democrática encontró recién hace un lustro el contexto y las voluntades políticas necesarias para que las instituciones avanzaran con el proyecto que desbarató la norma que la dictadura cívico-militar había impuesto para beneficiar a unos pocos grupos empresarios.
Después de intentos malogrados por democratizar la comunicación, como el que había lanzado el presidente Raúl Alfonsín, se planteó por primera vez el debate a fondo sobre la desmonopolización de la producción de bienes simbólicos y creencias, detentada por corporaciones que, como era de esperar, resistieron y resisten la apertura.
Así, el país pudo empezar a asimilar y a intentar darle vigencia al acceso a la información como derecho humano básico y no una propiedad exclusiva de corporaciones económicas, para que la manipulen según sus intereses sectoriales.
La aparición progresiva de nuevos emisores de radio y televisión, en un proceso que necesita ser mejorado, acelerado y completado, se verificó en el contexto adverso dado por el bloqueo a la aplicación de la Ley por parte de empresarios coludidos con jueces que actuaron para preservar posiciones abusivas, obtenidas mediante toda clase de acciones ilegales e ilegítimas.
El debate previo y posterior sobre la norma dejó a la vista además la fragilidad de la profesión periodística ante maquinarias empresariales diseñadas únicamente para apuntalar y desarrollar negocios y para reproducir y publicitar solo matrices ideológicas y políticas que les permiten conservar ese poder concentrado.
Pese a que esos grupos dominantes se niegan a la desmonopolización y a resignar el capital simbólico que se expresa en sus esclavos mediáticos, la democracia necesita profundizar su línea de apertura. Para garantizar la libertad de expresión y la circulación de información y bienes culturales en general es preciso impedir que las corporaciones mediáticas tengan en el mismo territorio la propiedad cruzada de medios impresos y licencias de radio y televisión, como rige en numerosos países, y que desarrollen negocios vinculados con capitales accionarios en bancos, empresas petroleras, producción alimenticia y otros rubros esenciales para la población, como rige en otros.
El lugar de vanguardia que la Argentina alcanzó con la Ley 26.522, ponderada en América Latina y el mundo, necesita ser afianzado con una lucha permanente para su aplicación completa y efectiva, lo que demanda determinación de las autoridades políticas, lucha permanente de las y los trabajadores de la comunicación que no sean rehenes de las corporaciones, y audiencias activas, reclamantes, decididas a hacer valer sus derechos ante todos los medios de difusión.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2014.
Comunicadores de la Argentina – COMUNA
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