Con procesos de democratización de la comunicación consolidados o en marcha, y más allá de las particularidades de cada uno de los países que la integran, Frank La Rue sostuvo que “el principal desafío de América Latina es garantizar diversidad y pluralismo. El segundo, profundizar el apoyo a la prensa y los incentivos para un periodismo más profesional, sin condiciones. Y el tercero, tal vez muy crítico, la protección a los periodistas, a los trabajadores de la información”.
De regreso a la Argentina, el Relator Especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión disertó en la conferencia “Procesos de Memoria y Justicia sobre Violaciones a los Derechos Humanos”, organizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín, (UNSAM) que congregó a expertos en Derechos Humanos, funcionarios y académicos de esta región, Asia y Europa.
En un intervalo, La Rue atendió a Tiempo Argentino y destacó que, con la sanción e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que dio la palabra a sectores sociales invisibilizados o postergados, “Argentina sentó las bases para un movimiento de esta naturaleza” en la región. “La libertad de expresión es un derecho que se ejerce en dos dimensiones: acceso a la información para desarrollar pensamiento, y tener opiniones y expresarlas”, expresó.
–Tras la promulgación de la LSCA, varios países de América Latina aprobaron normas en la materia. ¿Cómo analiza este proceso?
–En primer lugar, el hecho de que Argentina aprobara esta ley fue un modelo muy importante. Creo que Argentina sentó las bases para un movimiento de esta naturaleza. El principio fundamental, establecido por la Unesco hace mucho tiempo y después reiterado en los Acuerdos de Helsinki, consiste en que la libertad de expresión sólo es posible como un derecho de información de la sociedad en los medios de comunicación si se mantiene la diversidad y pluralismo. Es un principio que se fue olvidando, creo, en el tiempo. En el mundo entero tuvo diferentes connotaciones, pero especialmente en nuestra América Latina permitimos que fueran surgiendo grandes conglomerados de medios que tendían a llenar el espacio. Y la base fundamental consiste en que la libertad de expresión es un derecho que se ejerce en dos dimensiones: acceso a la información para desarrollar pensamiento, y tener opiniones y expresarlas. Este acceso implica tener la información más diversa y plural posible, para que sea cada persona la que desarrolle su pensamiento o que cada grupo humano pueda debatir y llegar a sus propias conclusiones. Es ahí donde fallamos porque en la medida en que la información se concentra, los medios se concentran en una sola posición, una sola línea, y esto induce opiniones.
–Esto introduce el debate sobre la legislación necesaria para tratar posiciones dominantes o monopólicas.
–De hecho, muchos países del mundo desarrollado tienen leyes antimonopólicas por razones económicas que fueron trasladadas al mundo de la comunicación. No sólo no permiten grandes concentraciones de medios, sino que incluso prohíben la propiedad cruzada. Por ejemplo, en Estados Unidos, quienes tienen un periódico escrito en una jurisdicción no pueden, al mismo tiempo, ser dueños de un canal de televisión. Esto es diversidad de medios. En América Latina también permitimos que en el debate pareciera que sólo aquello que es comercial y grande es buen periodismo, y que aquello que no es comercial o es pequeño, es de menor calidad. Entonces esto fue en detrimento del periodismo de provincias, de las zonas rurales, de la comunicación comunitaria o de la comunicación pública. En Europa el proceso es al revés. En Gran Bretaña el medio más prestigioso es el público, la BBC, así como la radio Netherlands lo es en Holanda.
–¿Cómo evalúa la legislación impulsada en Uruguay y la aprobada en Ecuador el año pasado?
–Creo que la ley uruguaya es muy buena y fue, como la argentina, consultada durante dos años. Lo único que cuestioné, inquietud que compartí con el presidente (José) Mujica, es la composición (original) del órgano regulador. Pero tuvo correcciones y, ahora, estoy yendo a Montevideo (NdR: la entrevista fue hecha el jueves pasado) a ver la nueva propuesta. El establecimiento de principios de diversidad y pluralismo tiene que ir de la mano con (la conformación de) un órgano regulador independiente, que los garantice. El órgano regulador (uruguayo) tenía cinco miembros, representantes de diversos organismos que dependían del (Poder) Ejecutivo. Creo que, a partir de las modificaciones hechas, Uruguay va a tener una excelente ley, igual que Argentina. El caso de Ecuador es exactamente lo mismo. Me alegra mucho que haya discutido una nueva ley, pero el órgano regulador está en el Ejecutivo. Entonces allí hay un peligro: cuando un órgano está en el Ejecutivo, y si además, como es el caso de Ecuador, se le permite evaluar contenidos, con mucha facilidad puede convertirse en un órgano de censura.
–¿Qué diagnóstico hace de la reforma constitucional en México, también concretada en 2013?
–Ha sido excelente. Vengo de México en este momento. Allí dije que México logró reconceptualizarse como Estado, además a partir de los Derechos Humanos. Pero el desafío, que experimentan en este momento es que las leyes derivadas mantengan el espíritu de la Constitución. Ya veremos, porque esta semana iban a discutir la ley de telecomunicaciones. México inventó un concepto que a mí me pareció interesante, porque al principio de diversidad y pluralismo, sobre todo en lo referido a enfrentar monopolios, (al que) era difícil establecerle indicadores. ¿Cómo establece uno un indicador si alguien está acumulando medios o no? Y ellos (lo) establecieron, y está en la Constitución: es el concepto de preponderancia.¿Cuál es el medio preponderante en un servicio o en un sector específico? Si es por sector, es más complicado porque lo amplía mucho. Pero si es por servicio, sí es interesante porque está el servicio de radiodifusión, el de TV abierta, el de TV de pago (cable) o incluso el de telefonía celular. Entonces se puede clasificar cada servicio fácilmente. El principio genérico es simple: que ninguno tenga más del 50 por ciento. Quien pase del 50% de preponderancia en el manejo del mercado de ese servicio empieza a ser el medio más influyente.
–¿Y cómo evalúa el clima editorial en cada uno de estos países con respecto a estas leyes? ¿Nota más resistencias?
–Es difícil. A los medios tradicionales les ha costado asimilarlas. Mi último informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hace dos semanas y media, fue sobre comunicación político electoral y libertad de expresión. Yo remarco cómo en los procesos electorales hay que mantener la libertad de expresión pero atendiendo a desafíos mayores. Es que hay elementos comunes que en esas etapas cobran mayor relevancia, como la protección de periodistas, que son quienes corren más riesgos en el proceso electoral. También la prevención del discurso del odio. Mencioné cómo en Africa se ha usado el discurso homofóbico incitando a la violencia contra la población homosexual como una forma de hacer campaña política. Esto es terrible. ¿Cómo puede uno hacer campaña política incitando a la violencia? O el caso actual de Europa, de incitar violencia contra los inmigrantes indocumentados.
–¿Qué desafíos enfrenta América Latina en materia de libertad de expresión y de opinión?
–El principal es garantizar diversidad y pluralismo. El segundo, profundizar el apoyo a la prensa y los incentivos para un periodismo más profesional, sin condiciones. El tercero, tal vez muy crítico, la protección de periodistas. Insisto, cuando me refiero a periodistas entiendo a los trabajadores de la información. Creo que en América Latina hay una ola de violencia (contra los periodistas). Honduras y México son los que tienen los índices más altos, pero en general, en el mundo entero hay un recrudecimiento de la violencia contra la prensa y nuestra América Latina no se escapa a eso. Puede ser por múltiples razones: delincuencia, crimen organizado, pero a veces también son manifestaciones, exceso de fuerza de las autoridades, hay un poco de todo.
–¿Hay posibilidades de que mejoren las condiciones de protección a los periodistas?
–He planteado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cada país debe tener un mecanismo de protección, que parta de una instancia multiinstitucional, de una voluntad política del Estado, del gobierno con las autoridades encargadas de la seguridad y los delegados de la prensa y de la sociedad civil en general. Debe tener un presupuesto propio para poder determinar medidas de emergencia con una respuesta rápida y eficaz.
Pero además, y esto ya lo hicimos con el ministro (Joaquim Benedito) Barbosa Gomes, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, trabajar con un marco legal adecuado para, por ejemplo, ir eliminando el delito de difamación trasladándolo a una acción civil, despenalizándolo”.
Fuente: Tiempo Argentino
