Las leyes, sobre todo las de creación, como la 26.801 que funda el Instituto Nacional de la Música (Inamu), necesitan ser reglamentadas. ¿Por qué? Porque la reglamentación es lo que permite que entren en funcionamiento pleno. Esta ley fue sancionada a fines del año pasado. Según el texto, en abril ya debía estar firmado el decreto que nombre las autoridades, pero como eso quedó en stand by , para que no se diluyera el Ejecutivo Nacional nombró a los músicos Diego Boris y Celsa Mel Gowland presidente y vice del instituto, respectivamente.
Ahora sí, llegó el momento de generar las herramientas adicionales (como la Asamblea Federal y el Comité Representativo) y, sobre todo, poner en práctica el fundamento esencial de la ley, que es fomentar la actividad musical con acciones concretas. Para eso se contará con un presupuesto de apenas 14 millones de pesos; mucho para una economía familiar, poco para una estructura de estas características, si bien sólo el 20 por ciento (eso dice la ley) será destinado a gastos de gestión y administración y el ochenta restante al fomento. A los flamantes directivos no se los escucha preocupados por el tema. Según ellos, lo principal es comenzar a caminar. Hasta ahora, lo sucedido en los últimos años, desde la gestación de la ley, les ha dado la razón. Es momento de ver resultados.
Todo esto sucede al mismo tiempo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) firma un convenio con asociaciones de la música para controlar el cumplimiento de un artículo de la ley de servicios de comunicación audiovisual que indica que el 30 por ciento de la música que se irradie debe ser nacional y el 15, además de nacional, debe ser independiente.
La ley en marcha. Según los artículos 4 y 5 de la ley de la música, el instituto actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, pero su naturaleza jurídica es la de un ente público no estatal, que se regirá por el estatuto y un reglamento interno que elabore el directorio y apruebe la asamblea federal y “por las normas que le sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.”
Tener directivos (también se está buscando una sede edilicia, que probablemente se designe esta semana) permite convocar a las asociaciones musicales de todo el país para que se realice el trazado federal que alcanza la ley. “El paso que se dio fue para agilizar: poner en funciones al directorio para trabajar en el Estatuto. Esta potestad está. Ya nos ponemos a trabajar en esto y en la lógica de construcción que nos ofrece la ley, que es hacer consultas con organizaciones de provincias para que nada de lo que surja en el Estatuto sea una traba. La protagonista tiene que ser la actividad musical”, dice el flamante director, Diego Boris, con frases dignas de un político, pero también con una reconocida capacidad de gestión en organizaciones como la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI) y la Unión de Músicos Independientes (UMI).
La injerencia de cada entidad estará circunscripta a la región a la cual pertenezca. El mapa del Inamu se divide en seis regiones: Metropolitana, Centro, Nuevo Cuyo, NEA, Patagónica y NOA. De este modo también se podrá, a futuro, hacer más efectiva la distribución de fondos de fomento según la necesidad de cada una.
¿Alcanza el efectivo? El dinero no es todo en la vida, pero cómo ayuda ¿no? La ley de la música existe porque hace unos años se consiguió que durante el tratamiento en tablas de la ley de servicios de comunicación audiovisual (N° 26.522) se incluyera en el artículo 92, de distribución de fondos, un 2 por ciento para la creación del Instituto Nacional de Música. Habrá que tener en cuenta los retroactivos de años anteriores a la creación del Inamu para reclamar y engrosar los fondos. Pero, por ahora, lo que el instituto tendrá en sus arcas serán unos 14 millones de pesos.
La cifra no está ni cerca de las del Instituto de Teatro (recibe el 10 por ciento del Afsca y un porcentaje por juegos de azar) ni del Incaa, que recauda el 10 por ciento por cada entrada de cine, entre otros ingresos, y su balance de 2012 indica que cerró el año con un presupuesto de casi 559 millones de pesos. Claro que el subsidio que se necesita para hacer una película no es el mismo que el que se requiere para grabar y publicar un disco. En este último caso los costos son mucho menores. Boris es contundente al respecto: “El financiamiento no nos neutraliza ni paraliza. En una etapa inicial no es tan poco lo que recibimos. Todos los institutos tuvieron presupuestos acotados cuando nacieron. Creo que los que piensan que una ley desfinanciada no sirve están negando la evolución de la humanidad. Para nosotros, lo importante es el contenido de la ley. Además, nuestra idea es que existan muchas herramientas para la producción musical. Ahora será poco dinero, pero en manos de muchos”.
La conformación total del instituto estaría terminada a mediados del próximo año. En ese momento comenzaría a trabajar de lleno en su propósito, el fomento. Y recién después en nuevos ingresos (¿se pensará, como en el cine, en tener un porcentaje de las entradas de los recitales?). La idea, ahora, es ofrecer sistemas tradicionales, con selección y jurados, y otros con vales para una parte del proceso de producción, pero sin evaluación de calidad. Según explica el director, los subsidios no serían, por ejemplo, para producir un disco completo sino para una parte del proceso (horas de grabación, mezcla, masterin , copiado de CD, de arte de tapa, etc). La idea de no someter algunos sistemas de fomento a un jurado, según Boris, se debe a que hay corrientes estéticas de una generación que no deben ser juzgadas por otra generación precedente. “Hay impulsos creativos que no dialogan bien con las reglas de mercado, pero en unos años nos damos cuenta de que terminan representando a una generación. Esto puede ser desde una baguala hasta la música punk.”
Nac. e Indie. El Inamu ya recibió una ayudita extra para una de sus tareas, que es la difusión de la actividad musical. ¿Por qué? Porque el artículo 65 de la ley de servicios de comunicación audiovisual dice que al menos el 30 por ciento de la música que suena en radio deber ser nacional y el 15 debe ser, además de la nacional, independiente, el Afsca convocó a entidades como AADI, la Universidad Tecnológica y recientemente a FA-MI mediante un convenio, para colaborar con el cumplimiento de esta ley. Se desarrolló un software y habrá tres meses de prueba del sistema, además de una base de datos sobre las producciones discográficas independientes (es decir, esos discos cuyos derechos de comercialización son propiedad del músico, no de una empresa). ¿Alguien hubiera imaginado 15 o 20 años atrás que la actividad colectiva de los músicos tendría todos estos alcances? Seguramente, no.
Fuente: La Nación (Nota de Mauro Apicella)
