La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), expresa por este medio su rechazo y repudio a las medidas adoptadas por el gobernador de Córdoba, José M. de la Sota, cerrando antenas de la Televisión Digital Abierta, impidiendo así que miles de habitantes de esa provincia accedan en forma gratuita a más de 20 canales de televisión.
Además de constituirse en un acto de censura a la libertad de expresión y violatorio de los derechos constitucionales y los establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -inédito desde la recuperación de la democracia- es también, directamente, una forma de beneficiar a la única y hasta ahora monopólica empresa proveedora de canales de cable perteneciente al Grupo Clarín, que opera en todas las zonas donde están instaladas las antenas de la TDA, y que ha acumulado impresionantes ganancias a lo largo de muchos años gracias a los considerables costos que deben afrontar los usuarios para tener un servicio sin pluralidad en los contenidos.
Con la excusa de que las antenas no cuentan con el “estudio de impacto ambiental”; que por otro lado no consta en ninguna parte que lo tengan las otras antenas que no son de la TDA, ha llevado adelante una medida de carácter político que no tiene justificación alguna, en su oposición permanente a las medidas que adopta el Gobierno Nacional, y que conlleva un grado de irresponsabilidad social y conducta abusiva, que debe alertar seriamente a quienes defendemos el sistema democrático.
En una provincia donde la destrucción del bosque nativo, el mantenimiento de una de las tasas de desmonte más altas del planeta, los basurales a cielo abierto, la instalación de Monsanto sin control alguno, o la ausencia de políticas eficaces en el control de los agrotóxicos -puesta en evidencia en el juicio por contaminación de barrio Ituzaingó de la capital cordobesa- son una realidad contundente, que argumentar “impacto ambiental” para cerrar las antenas y clausurar derechos, suena cuando menos increíble.
Nos sumamos y adherimos a todas las expresiones que rechazan y denuncian esta acción inadmisible, que priva a los ciudadanos afectados de un derecho elemental y pretende un retroceso en los avances producidos desde la vigencia de la Ley de Medios de la democracia.
