La Cámara de Diputados convirtió en ley la nueva legislación sobre Riesgos del Trabajo que el Gobierno envió al Congreso, con 140 votos a favor, 83 en contra y una abstención. El kirchnerismo sólo tuvo el acompañamiento de sus aliados más fieles y del macrismo, el único partido opositor que sumó su aprobación a la iniciativa oficial.
La nueva ley eleva el monto de las indemnizaciones vigentes establecidas en casos de muerte, distintos tipos de incapacidad y enfermedades laborales; establece su actualización automática en forma semestral de acuerdo con la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y reduce los plazos para su cobro a 15 días de producido el accidente. Pero impone una opción excluyente para los trabajadores: quienes cobren la indemnización de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) no podrán recurrir a la Justicia, y quienes elijan la vía judicial lo tendrán que hacer en el fuero Civil y ya no en el Laboral, como hasta ahora. La eliminación de la llamada “doble vía” –la posibilidad de reclamar ante la Justicia un resarcimiento económico mayor al abonado por la ART– fue el eje de las críticas de quienes rechazaron la iniciativa.
“No tenemos ninguna contradicción. Cuando mañana hablemos con un trabajador le vamos a decir que no tenés que mendigar nada, la ley te lo garantiza”, dijo el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, para defender la integridad de su bancada frente a los “embates” que –afirmó– la oposición dirigió hacia los diputados oficialistas “más que defender sus propias posiciones políticas”. “Este es el proyecto de la Presidenta. Somos el bloque del Gobierno, no somos librepensadores. El mismo bloque que recuperó YPF, modificó la Carta Orgánica del Banco Central, le puso límite a la extranjerización de la tierra y eliminó la ley Banelco. Somos parte de ese proyecto político.”
La jornada no había empezado bien para el oficialismo. Consiguió un ajustado quórum (129 diputados) cuando faltaban solo tres minutos para el mediodía y para que venciera la media hora de tolerancia que podía hacer fracasar la sesión especial. Recién entonces, la oposición –que apostaba a que se concretaran las dificultades que el kirchnerismo podría tener para abrir la sesión– bajó al recinto.
El kirchnerista chubutense Juan Mario País y vocal de la Comisión de Legislación Laboral fue el encargado de defender el proyecto oficial. “Esta ley sustituye aquel sistema mezquino que funcionaba con una indemnización injusta para sustituirlo por un nuevo sistema tarifario” que apunta a la “justicia social”, aseguró País. Luego destacó que la norma “tiene un sistema no excluyente” y que “posibilita incluso la opción de reclamar el resarcimiento por la vía civil”.
Cuestionamientos
“Este proyecto no va a tener el efecto deseado: es mentira que va a evitar la industria del juicio, porque como lo han dicho muchos aquí va a ser declarado inconstitucional. La Corte no va a aceptar el registro cerrado de enfermedades y la litigiosidad no va a bajar”, afirmó el jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. El radicalismo presentó un escueto dictamen en el que propone la creación de una comisión bicameral para redactar en un plazo de 120 días una nueva Ley de Riesgos del Trabajo.
El FAP volvió a dividir posturas. La UP de Víctor De Gennaro –con la adhesión de la Coalición Cívica y Proyecto Sur– presentó su dictamen y el GEN de Margarita Stolbizer tuvo el propio, que incluyó el apoyo del radical Pedro Tunessi. El socialista Juan Carlos Zabalza, en tanto, adhirió a las iniciativas de ambos socios políticos, a los que calificó como “dos miradas diferentes” sobre el mismo tema.
Pero ninguno se privó de cuestionar el proyecto oficial. “Debería darles vergüenza porque este proyecto es un parche que no soluciona la inconstitucionalidad; y lo lamentable es que hasta tanto se resuelva el tema de fondo, habrá compañeros y compañeras muriendo, mientras siguen las ganancias de los grupos financieros”, espetó De Gennaro. “Esta ley busca conformar al trabajador con una indemnización tarifada para que renuncie a la posibilidad de reclamar una indemnización integral”, sumó Stolbizer.
Recalde, en tanto, transitó su intervención en medio de un difícil equilibrio, donde evitó cuestionar el proyecto oficial y reivindicó muchas de sus políticas del Gobierno, aunque defendió su propia iniciativa y reafirmó su “compromiso con los trabajadores y el derecho laboral”. “Hay que lograr que un trabajador no tenga que llegar a la Justicia para que le reconozcan un derecho”, insistió Recalde para defender su propio dictamen, que avala la CGT –pese a la ruptura política de Recalde con Hugo Moyano– y lleva las firmas de los diputados moyanistas.
“Esta ley, cuando se vote y yo no la voy a votar, sólo sube el precio de los brazos y ojos de los trabajadores. No hace más que reafirmar el negocio de las ART. La dignidad no se encuentra en este proyecto, que es un engendro de la UIA”, dijo el hijo del pope cegetista, Facundo Moyano, y se retiró del recinto junto a Plaini.
El peronismo federal también se encolumnó en contra del proyecto y reclamó que no se le comunicó el vencimiento de los plazos que le impidieron presentar su propio dictamen. El macrista Federico Pinedo siguió el camino inverso. Después de recriminarle al oficialismo el “maltrato al que sometió al resto de la oposición en el tratamiento del proyecto”, afirmó que “de todas maneras creemos que es bueno para los trabajadores que se hayan aumentado las indemnizaciones de manera sustancial, que exista actualización permanente de estas reparaciones, permitir la asegurabilidad de los riesgos del trabajo y generar previsibilidad para generar más trabajo”. El PRO votó a favor en general del proyecto oficial.
¿Qué cambiará con la nueva ley?
– Opción excluyente: Establece que los trabajadores deben optar en forma excluyente entre cobrar la indemnización que paga el sistema de ART y la posibilidad de reclamar en la Justicia una compensación mayor. Las acciones legales se cursarán por la vía civil y no por el fuero laboral, como sucedía desde 2004. Este punto responde a un reclamo histórico empresario que es cuestionado por parte del sindicalismo, abogados laboralistas e incluso legisladores del oficialismo.
– Actualización automática: Para evitar el retraso, las indemnizaciones se actualizarán semestralmente por el Ripte, un índice que evidencia la evolución del salario de los trabajadores registrados. Además, se realizará una actualización inicial que, por ejemplo, eleva el piso de indemnización por fallecimiento de 180 a 460 mil pesos.
– Reparación integral: Introduce una indemnización adicional del 20 por ciento, para cubrir la compensación por cualquier otro daño.
– Celeridad: Fija un plazo de 15 días para el pago de las indemnizaciones a contar desde el fallecimiento del trabajador o de la homologación de la incapacidad. Hoy el sistema demora entre uno y cuatro meses para pagar y la Justicia tiene plazos de entre dos y tres años.
– Ejemplo: Un trabajador de 45 años que gana 3500 pesos y después de un accidente tiene un grado de incapacidad del 30 por ciento, pasará de cobrar 80 mil a 138 mil pesos.
– Aumentos: El aumento promedio de las prestaciones es de 43 por ciento y el impacto aproximado en la alícuota que pagan las empresas será de un 19,7 por ciento. Las pyme experimentarán mayores aumentos.
– En camino: Las indemnizaciones por accidentes in itinere (desde y hacia al trabajo) se mantienen sin modificaciones.
– Lo que viene: El Gobierno buscará en la próxima reunión del Comité Consultivo Permanente, prevista para el lunes, incorporar “por consenso” al listado de enfermedades las hernias, lumbalgias y várices. Esas dolencias explican el 46 por ciento de las acciones judiciales que se inician. También se discutirá la implementación de las ART-Mutual, aseguradoras sin fines de lucro, y la modificación de la tabla Baremo, que especifica los porcentajes de incapacidad ante diferentes accidentes.
– Abogados: Se acotan los honorarios profesionales y se excluye el pacto de cuota litis que habilitaba la participación de los abogados en los resultados.
– Datos sistémicos: El sistema cubre a 8,7 millones de trabajadores. En 2010 se notificaron 630.766 casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En total fallecieron 871 asalariados. Hoy hay 23 aseguradoras y 5 ART –Prevención, Asociart, Consolidar, Provincia y La Caja– concentran el 57,5 por ciento de la actividad.
Fuente: Página 12
